1. Control de precios de los medicamentos para la protección del consumidor, expediente No. 13.245.
En nuestro país no existe control de precios a nivel de importadores, comercializadores o detallistas. Esa situación ha permitido que un producto que se diferencia únicamente por la marca del fabricante que lo produce, se venda a precios diferentes.
En ese proyecto de ley se propone fijar el porcentaje máximo de utilidad de los medicamentos y se crea la Oficina de Control de Precios de 105 Medicamentos, adscrita al área de comercio del Ministerio de Economía y Comercio. Se establecen las funciones de los inspectores de medicamentos y se estipula que los fondos provenientes de las multas serán destinados a la Comisión de Educación del Consumidor, para campañas educativas cuyo fin sea el buen uso de los medicamentos.
2.- Declaratoria del río Sarapiquí como patrimonio histórico natural, expediente No. 13.404.
La defensa del río Sarapiquí es urgente, puesto que es amenazado por la apertura de generación hidroeléctrica privada. Al respecto, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia recibió un informe técnico negativo de la Empresa de Estudios Ambientales Mérida, en el que se advierte el peligro de disminuir significativamente su caudal.
Esta declaratoria se propone con fundamento en que el río Sarapiquí fue la primera vía de exportación fluvial en la localidad de Puerto Viejo de Sarapiquí desde 1840; además, porque se protegerá gran variedad de especies de flora y fauna. También, porque los habitantes de las poblacionescercanas al río dependen de sus aguas para mantener los cultivos y alimentar sus animales. En el proyecto de ley se establece que la vigilancia y control del río estará a cargo de la Oficina de Parques Nacionales. Se prohíbe la construcción de cualquier tipo de represa hidroeléctrica y las existentes hasta el 31 de octubre de 1998 funcionarán en los términos en los que fueron aprobadas. Asimismo, se prohíbe construir diques o cualquier estructura que corte, deslice o disminuya el caudal del río. Además, se faculta a la municipalidad respectiva para que derribe cualquier construcción de las mencionadas en el párrafo anterior, el costo estará a cargo de la persona física o jurídica responsable. La contaminación ambiental en nuestro país es cada día más preocupante, porque recuperar los ambientes naturales alterados es una labor casi imposible pero fundamental para nuestra supervivencia como especie.
El Partido Integración Nacional (PIN) se ha propuesto el desarrollo de una política ambiental que permita la conservación de los recursos naturales y erradique las actividades que dañan el ambiente. La problemática ambiental no debe aislarse del contexto cultural costarricense, nuestros ríos se encuentran contaminados con desechos debido a la irresponsabilidad de las poblaciones cercanas que los han utilizado como basureros, por lo que se convierten en peligrosos focos de enfermedades infecto-contagiosas.
3.- Ley para establecer el pago de tarifas especiales en el servicio de agua y condonar las obligaciones atrasadas a familias de extrema pobreza, escuelas y colegios públicos del país, expediente No. 13.739.
El Programa de Compensación Social, financiado por Asignaciones Familiares, tenía entre sus objetivos brindar ayuda a aquellos sectores que por diversas razones no podían pagar las deudas por el servicio de agua potable.
Pero, el Fondo de Compensación Social fue cerrado, en consecuencia, también se cerraron las posibilidades de que aproximadamente 8.000 costarricenses pudieran arreglar su situación con el A y A. El proyecto de ley: pretende reducir el pendiente que maneja A y A y permitir que muchas familias, escuelas y colegios puedan atender sus necesidades, si se les condona la deuda por agua potable. Esta iniciativa de ley pretende que el Ay A y el IMAS coordinen un programa específico para determinar los casos de las familias de pobreza extrema que no han podido honrar los compromisos de agua y alcantarillado sanitario.
El AyA en coordinación con el IMAS y la ARESEP fijarán una tarifa única de agua y alcantarillado sanitario, para familias que, previo estudio, no puedan pagar esos servicios. Asimismo, elaborarán un banco de datos sobre las familias de pobreza extrema, a las que se les dará un tratamiento especial.
El AyA y el IMAS ejecutarán un programa de promoción, divulgación y educación sobre el buen uso de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
4.- Ley General de la Persona Joven, expediente No. 13.854.
En nuestro país las políticas de juventud han ocupado un lugar secundario como prioridad de las acciones gubernamentales. Los planes y programas permanentes integrales, así como las acciones presupuestarias que ofrezcan más y mejores oportunidades a los jóvenes, se han dado en forma aislada y sin una estrategia clara que permita brindar mayores oportunidades a este importante sector.
Esta iniciativa de ley tiene como eje fundamental el reconocimiento y respeto de los derechos de la persona joven, su participación y protagonismo en la definición de las políticas y acciones estatales. La ausencia de políticas permanentes se manifiesta con mayor fuerza al analizar la situación social y económica de la juventud, originada principalmente por la falta de atención a sus necesidades especificas y de una política integral que genere oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida.
Debemos pasar de una política de asistencialismo, protección y atención fragmentada del joven a un nuevo modelo autogestionario, de prevención y atención integral que promueva mayores oportunidades y espacios de acción en la sociedad. Entonces, este proyecto de ley prende brindar una legislación que fortalezca la coordinación institucional en materia de juventud, de manera que se asegure que las políticas del Estado sean permanentes e integrales. Asimismo, ofrece una legislación que garantiza el marco de políticas para el ejercicio y reconocimiento pleno de los derechos de la juventud y la plena participación en la toma de decisiones de los temas de interés.
5.- Creación del Día Nacional de la Biblia, expediente No. 13.749.
En el nuevo milenio la sociedad debe volver a los patrones morales y espirituales que conducen al respeto y a la solidaridad, como una forma de enfrentar los nuevos retos sociales, en cooperación y no en confrontación.
En ese contexto, la Biblia, debe ser un libro de consulta permanente, puesto que puede ser de gran ayuda en momentos de meditación. Costa Rica es un país cristiano casi en su totalidad. Además, según estadísticas la Biblia es el libro de mayor circulación en el mundo, ha alcanzado el récord de ser traducido a 2.212 idiomas. Este proyecto de ley propone que el primer sábado del mes de setiembre se realicen actividades relacionadas con la Biblia, con el fin de estimular la lectura y fortalecer los valores morales y espirituales.
6.- Creación del Instituto Latinoamericano para Desastres (ILAD), expediente No. 13.575.
Los países de Latinoamérica y del Caribe son zonas propensas a los desastres tanto naturales como creados por el hombre. La magnitud de los daños y las necesidades provocadas por los desastres son impredecibles y en la mayor parte de los casos se requiere ayuda internacional.
No obstante, esos organismos basan sus operaciones de socorro en propuestas ajenas a nuestros países, es decir, no consideran las condiciones climáticas, geológicas, políticas, sociales, económicas y culturales de la región, por lo tanto las soluciones de los programas resultan inefectivas. Ante esa situación, se ha presentado a la corriente legislativa esta iniciativa de ley, con el fin de dar respuesta a las lamentables experiencias de la zona, ejemplo de ello es el huracán Mitch, que golpeó duramente a los países centroamericanos y caribeños, los cuales aún no se reponen de la tragedia.
El ILAD es una organización no gubernamental, en cuyo seno confluirá el conocimiento técnico profesional especializado en la atención de desastres y permitirá que los recursos se ayuda asistencial sean aprovechados de mejor manera. La sede será en Costa Rica, por el sistema democrático y los valores socio-culturales, con los cuales se ha logrado estabilidad política y un desarrollo importante en el campo político social, además, creará sub sedes en otros países latinoamericanos.
El ILAD estará compuesto por todos los afiliados, Estados y organizaciones públicas y privadas, que se dediquen a la prevención y mitigación de desastres. Cada afiliado tendrá hasta dos consejeros adjuntos, quienes podrán acompañar al consejero propietario en las reuniones del Consejo, estos tendrán un voto en el Consejo.
El ILAD será financiado por contribuciones anuales de los estados, organizaciones afiliadas, donaciones de personas físicas o jurídicas u organismos internacionales interesados en apoyar la labor del Instituto. El ILAD contará con un equipo profesional, calificado, para resolver de manera integral las situaciones de desastres, realizará estudios de investigación que permitan contar con información adecuada en una eventual tragedia. Asimismo, ofrecerá e impartirá capacitación a nivel nacional y regional sobre la prevención y atención de los desastres.
7.- Control de precios de la canasta básica de alimentos para la protección del consumidor, expediente No. 13.508.
En nuestro país el costo de la vida es cada día más alto, un 20% de los costarricenses tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, lo que les impide satisfacer sus requerimientos de alimentación y necesidades básicas.
Nuestro país tiene 180.000 familias en estado de pobreza, de las cuales casi el 50% se encuentran en estado de pobreza extrema. Ante esta problemática el Partido Integración Nacional ha considerado imperativo asegurar el acceso a una dieta sana y balanceada, para ello ha presentado el este proyecto de ley.
8.- Ley constitutiva de las juntas de planificación cantonal, expediente No. 13.453.
En el Programa de gobierno el Partido Integración Nacional (PIN) proponía "impulsar la creación de juntas cantonales compuestas por miembros de la municipalidad y la sociedad civil, que contribuyan a un verdadero desarrollo permanente de las comunidades en todo el país. Este proyecto tiene como finalidad planificar el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de cada cantón.
En este proyecto de ley se establece que las juntas cantonales estarán adscritas a la municipalidad correspondiente. El sistema de juntas cantonales estará integrado por una junta por cantón. Cada junta estará integrada por siete miembros, vecinos del cantón, elegidos por los ciudadanos de cada municipalidad mediante un plebiscito convocado por la municipalidad en los dos primeros meses del año no electoral.
Los miembros de la junta durarán en sus cargos cinco años y realizarán sus labores ad honórem. Además, no podrán ocupar otro cargo en la función pública durante ese tiempo. Cada municipalidad aportará los recursos técnicos y administrativos necesarios para el funcionamiento de la junta del cantón.
De esta manera, se le brinda autonomía e identidad a los cantones de nuestro país, para que elaboren sus planes de desarrollo de acuerdo con sus necesidades. Las juntas cantonales promoverán una participación activa y coordinada de los miembros de la comunidad por medio de estrategias de desarrollo; además, elaborarán una bolsa cantonal de empleo, en coordinación con el sector productivo local e instituciones estatales.
9.- Adición del título XII al Código de Trabajo, expediente No. 13.836.
Los costarricenses han sido discriminados en el trabajo por razones de género, raza, religión, nacionalidad de origen o edad. Es una realidad que los trabajadores mayores de treinta y cinco años constituyen, en la actualidad, el primer segmento de nuestra población discriminada en el trabajo por razón de edad.
No obstante, se puede constatar que las personas mayores son más estables en el trabajo, tienen mayor experiencia y pueden realizar valiosos aportes a las empresas. En ese proyecto de ley se prohíbe toda clase de discriminación en el trabajo por razón de género, raza, religión, nacionalidad de origen o edad. Asimismo, se prohíbe el despido alegando esas causas.
Todas las personas mayores de treinta y cinco años deben tener las mismas oportunidades para desempeñarse en un empleo y ser consideradas elegibles en su especialidad, si reúnen los requisitos formales solicitados por el patrono o parte contratante. Además, este tipo de discriminación podrá ser denunciada ante los tribunales de trabajo y si a un patrono se le comprueba que ha cesado a un trabajador por alguna de esas causas, deberá reinstalarlo en el trabajo original e indemnizarlo con el aporte de doce salarios mínimos legales, al momento del fallo de la sentencia.
10.- Reforma de los artículos 45, 49, 50, 64, 85,114 y 193 del Código Electoral, expediente No. 13.822.
En la última campaña electoral se puso en evidencia la necesidad de realizar algunas reformas electorales, que permitan asegurar y fiscalizar el proceso de votación. Además, la importancia de que los partidos políticos no sean una maquinaria electoral sino una representación de un sector básico del pueblo costarricense.
Por lo tanto, esta iniciativa de ley pretende garantizar la pureza de nuestro sistema electoral y la igualdad en la representación de todos los partidos que participen en las elecciones.
Por otra parte, con el objetivo de que en todas las juntas receptoras de votos la votación sea conducida y vigilada por personeros imparciales delegados por el Tribunal Supremo de Elecciones, proponemos utilizar el valioso recurso de los educadores costarricenses, como delegados en las juntas receptoras de votos.
La inscripción de los partidos políticos es un acto jurídico que genera una gran responsabilidad, por lo que esta debe ser el resultado de la voluntad de un número representativo de ciudadanos. Esta iniciativa de ley reforma el número de adhesiones necesarias para la inscripción de un partido político.
Además, se prohíbe la difusión o publicación parcial o total por cualquier medio oral o escrito, incluidos los medios de comunicación, de los sondeos de opinión pública o encuestas relativas a procesos eleccionarios, durante siete días inmediatos al de las elecciones y el propio día de la elección.
11.- Reforma de los artículos 107 y 134 de la Constitución Política, expediente No. 13.840.
La reforma del periodo presidencial de cuatro a cinco años se presentó, debido a que consideramos que los periodos de gobierno de cuatro años impiden, por el poco tiempo, desarrollar muchas de las propuestas de los programas. Además, los partidos políticos inician en forma prematura sus campañas, lo que obstaculiza el accionar del gobierno y de los representantes legislativos de turno.
12.- Reforma del artículo 96 de la Constitución Política, expediente No. 13.842.
En las últimas elecciones, también, quedó demostrada la deficiencia en la interpretación del derecho de los partidos a la deuda política. Además, algunos partidos políticos que lograron representación en la Asamblea Legislativa no obtuvieron financiamiento, por decisión de tres Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones en contra y dos a favor, y a otros partidos se les asignó sin lograr representación.
Por lo tanto, convencidos de que la elección de un diputado es suficiente garantía de que un número importante de electores apoya los planteamientos de un partido, como una opción de representación, presentamos este proyecto de ley.
13.- Reforma del artículo 106 de la Constitución Política, expediente No. 13.852.
Las diputaciones deben asignarse de conformidad con el número de votos obtenidos en todo el territorio nacional, en forma acumulativa dividiendo el total entre el número depuestos a la Asamblea Legislativa y otorgar al partido político los puestos que logre obtener.
Con esa iniciativa de ley se pretende lograr una labor eficiente a nivel nacional desde la Asamblea legislativa, en la que el diputado tenga ese carácter, de manera que pueda trabajar como representante de todos los grupos del país.
También, se ha considerado que los partidos políticos, como intermediarios entre el pueblo y el poder político deben elegir a sus candidatos por regiones, género, grupos étnicos, y etarios y presentar en una misma papeleta los nombres de todos los aspirantes.
14.- Comisión especial mixta que estudie y analice el aumento de la criminalidad en el país y el deterioro de la seguridad ciudadana, expediente No. 13.407.
Importantes segmentos de las familias costarricenses han colapsado y se encuentran materialmente imposibilitados de ejercer el papel de núcleo básico, insustituible en la formación moral y ética de sus miembros y, de manera muy particular, de los hijos menores. Por diversas razones, muchos núcleos familiares son verdaderos centros de agresión, deformación, abuso y frustración de sus miembros, lo que los convierte en hogares de donde se expulsa a los miembros o se reproducen antivalores.
Entonces, esta problemática, iniciada en la crisis de la familia costarricense, es agravada porque el concepto de comunidad prácticamente ha desaparecido, la escuela ha limitado su labor a trasmitir conocimientos y ha abandonado su labor formadora, las iglesias se han visto superadas por la realidad, los medios de comunicación, especialmente la televisión e Internet, se encuentran lejos de la misión trascendental que promovió su vertiginoso desarrollo.
El Estado no está cumpliendo sus deberes en materia de seguridad ciudadana ni como preventor del delito o como persecutor del delito, ni como sancionador de las conductas delictivas, o como rehabilitador de quien delinque, la doctrina actual se contradice con la realidad.
Ante esta situación, se propone que la Doctrina costarricense de seguridad utilice una visión sistémica, integral del fenómeno de seguridad del Estado y de la seguridad ciudadana. Dentro del enfoque sistémico, un buen nivel de seguridad ciudadana será posible únicamente si existe estabilidad política, económica y social en el país.
El nivel de conciencia de la población, sobre todo de su conciencia moral, será el principal instrumento para la construcción de las políticas de seguridad. Existe una relación científicamente demostrada entre la salud física, mental y espiritual, solo en la medida que el Estado garantice la salud de la población en esos tres planos, será posible crear las condiciones objetivas necesarias para la convivencia armónica de los ciudadanos y de estos con el ambiente.
En la estrategia de seguridad debe considerarse el deporte, planificadamente masificado y la actividad cultural popular, como elementos formadores de la moral ciudadana y bastiones de la salud mental de población y ser utilizados como herramientas indispensables para la rehabilitación.
La seguridad de las personas, la salud física y mental de los jóvenes y niños, la integridad de nuestras familias, la lucha contra el narcotráfico, la drogadicción y el lavado de dólares y la tranquilidad nacional deben ser temas medulares en la búsqueda y logro de acuerdos concertados entre las fuerzas políticas que conduzcan al diseño de políticas públicas de amplio alcance por encima de los cambios de gobierno.
